Para el Distrito Minero de Nambija, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado solicitando a la Agencia de Regulación y Control Minero y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), que se dé cumplimiento a la sentencia del 10 de enero de 1996, dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dentro del caso Cumbaratza, es el producto de varias mesas de trabajo en la ciudad de Quito, realizadas con el apoyo constante de los legisladores Isabel Enrríquez y Salvador Quishpe.
James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, indicó que desde abril del presente año, se han mantenido reuniones permanentes entre el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, los asambleístas Enrríquez y Quishpe y los representantes mineros, con la finalidad de viabilizar las exigencias pertinentes al Gobierno Nacional a través de la ARCERNNR, el cumplimiento de la sentencia del 10 de enero de 1996 dictada por la CSJ, que revierte al Estado las 30 mil hectáreas de terreno aurífero dentro de Zamora Chinchipe, en vista de los incumplimientos legales cometidos por parte la empresa minera Cumbaratza.
“El pronunciamiento de Íñigo Salvador como abogado del Estado, es claro y el director Ejecutivo de la ARC, Luis Jorge Maingon Velasco, está llamado a hacer cumplir esta sentencia a través del Registrador Minero”, aclaró la asambleísta Isabel Enrríquez, al tiempo de advertir que, conjuntamente con los mineros de su provincia, tomarán las acciones necesarias para exigir el cumplimiento de esta sentencia que se viene dilatando durante 26 años.
“Todo este proceso no es posible, sin el acompañamiento de nuestros asambleístas Isabel Enrríquez y Salvador Quishpe, gracias por apoyarnos constantemente en esta lucha”, manifestó James Salcedo, de igual manera se refirió al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, “por defender al Estado ecuatoriano y por ende, a los mineros de Zamora Chinchipe”.
